Mientras a empresas y autónomos se les exige cada vez más en materia de protección de datos y ciberseguridad, gran parte de la administración pública no cumple con esas mismas normas. El dato es contundente: solo 41 ayuntamientos en toda España tienen en vigor el Esquema Nacional de Seguridad, un requisito legal que garantiza la protección de los sistemas digitales públicos.

Desde dentro, se percibe claramente el problema: muchos proyectos tecnológicos nacen sabiendo que no tendrán continuidad. No hay una visión a largo plazo ni una estrategia consolidada para digitalizar de verdad los servicios. Lo digital se convierte en un parche, no en una transformación. Y eso deja a los ciudadanos desinformados, inseguros y con la sensación de que lo público no está a la altura.

En un contexto donde los ciberataques y las brechas de seguridad son una amenaza real, no se puede seguir improvisando. No se trata solo de evitar sanciones europeas, sino de proteger datos sensibles y ofrecer un servicio público digno del siglo XXI. La tecnología debe dejar de ser un trámite para convertirse en una prioridad.